Tras
el manifiesto desconocimiento y la exquisita insensibilidad exhibidos
sin ningún pudor por el actual Gobierno de Aragón sobre la realidad
y la atención de los menores en protección, Educadores en Lucha ha
decidido escribir esta carta pública a los partidos políticos que
concurren a las elecciones autonómicas y locales en Aragón para
proponerles que incorporen a sus programas cinco puntos básicos para
garantizar la dignidad y viabilidad del servicio público que el
Gobierno de Aragón dedica a los menores que tienen la necesidad de
ser protegidos.
Apelamos a la responsabilidad política y ética de las personas que aspiran a representar al conjunto de la sociedad aragonesa en sus instituciones públicas para proponerles que incluyan en su programa electoral los siguientes puntos:
- En
el
caso de externalizar servicios públicos en ningún caso se seguirá
con el modelo actual que posibilita que este tipo de concursos los
gane la propuesta más barata en lugar de la más solvente ética y
técnicamente. En cualquier caso los concursos públicos para los
servicios y atención de menores en protección y reforma deberá
primar el criterio técnico sobre el económico.
En la actualidad es difícil de entender que el mercadeo que impulsa la administración pública con estos contratos, primando lo económico sobre lo técnico, tenga algo que ver con garantizar la mejor atención posible a los niños y niñas que lo solicitan. Es indefendible que una vez acordado un presupuesto público se expongan los menores de protección a subasta, obviando sus necesidades y priorizando ahorro económico. Los niños no se venden, los niños se defienden.
- La
administración
pública
no
trasladará
en
ningún
caso
a
las
entidades
privadas
los
gastos
derivados
de
la
atención
de
necesidades
básicas
como
alimentación,
sanidad,
vestimenta
y
gastos
escolares
de
los
niños
y
niñas
a
los
que
dice
proteger
y
de
los
que
muchas
veces
es
tutora
legal.
La opción contraria, que propugna el actual gobierno, es maltrato institucional, es confrontar las necesidades básicas de los niños y niñas con la rentabilidad empresarial, las necesidades del mercado y del control del déficit de la comunidad. Creemos que toda argumentación que hemos oído defendiendo lo contrario es palabrería de estafador con dinero público y con amigos en empresas privadas. - Impulsar
el
control
ciudadano
sobre
los
servicios
sociales
con
la
creación
de
una
comisión
social
compuesta
por
parlamentarios
de
todas
distintas
formaciones
con
representación
en
Cortes
de
Aragón
para
que
visiten
los
recursos
residenciales
de
menores
en
protección
y
reforma
de
forma
anual.
También
con
la
creación
de
un
protocolo
en
el
que
las
representaciones
sindicales
de
los
centros
externalizados
tengan
acceso
a
los
borradores
de
los
pliegos
de
condiciones
y
puedan
hacer
propuestas
a
los mismos.
Este órgano, creado ya en otras comunidades como Navarra, debe conocer el testimonio de los menores como el de los trabajadores de base que les atienden para poder legislar y gobernar sobre criterios de realidad. Algo que no es posible hacer escondido en un despacho, amparándose en el criterio de técnicos a los que se les asignan cargos de libre designación (a dedo).
- Inclusión
en
cualquier
nuevo
concurso
público
que
dependa
del
Gobierno
de
Aragón
de
Cláusulas
sociales,
en
cumplimiento
de
la
recomendación
de
la
Junta
Consultiva
de
Contratación
Administrativa
de
la
Comundad
Autónoma
de
Aragón
en
su
Informe
16/2014,
de
1
de
octubre.
Es inadmisible que el propio Gobierno de Aragón siga poniendo en peligro los puestos de trabajo y las condiciones laborales de las personas que ya están trabajando en recursos externalizados como hasta ahora, más aún cuando existe una recomendación de la Junta Consultiva en otro sentido que el Gobierno de Aragón hasta ahora se niega a acatar. - Nuevo
concurso
de
gestión
educativa
del
COA
con
unas
condiciones
que
no
pongan
en
riesgo
el
cumplimiento
de
la
Ley
de
Infancia
y
Adolescencia
del
Menores,
ni
el
encargo
institucional
que
cumple
el
COA.
Concurso
que
velará
porque
la
atención
a
los
menores
en
protección
no
se
vea
empobrecida
y
porque
no
se
minoren
las
condiciones
laborales
de
los
trabajadores
que
les
atienden.
Esta ha sido nuestra lucha desde hace más de cuatro meses, argumentando y peleando con datos públicos y contrastables cada una de nuestras reivindicaciones. Estamos en disposición de enviar todos los dossieres informativos que hemos hecho públicos a cualquier fomación política o colectivo ciudadano que nos lo solicite.
Pedimos
a
todas
las
formaciones
políticas
a
que
se
pronuncien
públicamente
sobre
su
decisión
de
asumir
o
no
como
propias
estas
cinco
aportaciones.
Asimismo
nos
ponemos
a
disposición
de
cualquier
formación
política
para
aclarar
las
dudas
que
pueda
generar
este
documento.
Por
último,
pedimos
a
los
colectivos
ciudadanos
que
se
adhieran
y
difundan
la
presente
carta
abierta.
Reelaborando
el
conocido
proverbio
africano
afirmamos:
“Para
educar
a
un
político
hace
falta
la
tribu
entera”.
Por
lo
que
animamos
humildemente
a
la
ciudadanía
a
participar,
con
este
tipo
de
herramienta
o
con
la
que
consideren
en
los
asuntos
públicos,
de
los
que
todos
somos
responsables
y
agentes
activos.
FIRMADO
EDUCADORES
EN
LUCHA
-
COMITÉ
DE
HUELGA
DEL
COA
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