Estimada
Amparo Porcel (presidenta de Intress), Francisco Legaz (presidente del
patronato de Fundación Diagrama), y Javier Ojeda Prieto (presidente de la
fundación Grupo Norte)
Sus
entidades han visitado en las últimas semanas las instalaciones del COA, por lo
que suponemos que están valorando en alguna medida asumir la gestión educativa
de este Centro de Protección de Menores del Gobierno de Aragón. La experiencia
de gestión con la actual entidad gestora (FAIM) nos ha enseñado que una
fundación puede ser tan irresponsable socialmente como cualquier empresa con
ánimo de lucro, hasta llegar a una gestión que en nada se diferencia de una
gestión puramente empresarial, en la que la atención a los niños y niñas es lo
último a considerar y en la que se prima el beneficio económico y se violan los
derechos laborales de los trabajadores.
Ante
este hecho, y ante el temor de que el Gobierno de Aragón contrate este servicio
con una de sus entidades en las mismas condiciones que ya estableció en un
reciente concurso público para este centro que quedó desierto, les pedimos que
contesten públicamente a esta carta. Educadores en lucha considera que estas
condiciones responden a una memoria económica engañosa y no garantizan los
derechos ni la atención de los niños y niñas acogidos en el COA. Por ello les
pedimos que se comprometan públicamente en una serie de puntos.
1.
Durante la
huelga que la plantilla del COA mantiene
desde el 1 de noviembre de 2014 se han venido cumpliendo los servicios mínimos
decretados por el Gobierno de Aragón (decreto 174/2014, de 30 de octubre, del
Gobierno de Aragón). Estos servicios mínimos, al igual que en huelgas generales
anteriores, suponen la totalidad de la
plantilla todos los días en todos los turnos. Educadores en lucha está de
acuerdo en que la totalidad de la plantilla actual en cada uno de los turnos es
el mínimo indispensable para atender a los niñas y niñas del COA en condiciones
de seguridad.
¿Se compromete su entidad a mantener este mínimo de
educadores (7 educadores de mañanas, 6 de tardes, 4 de noche, 5 de mañanas en
fin de semana, 4 de noches en fin de semana) en cada uno de los turnos?
2.
El pliego de
condiciones del concurso ahora desierto del COA estipulaba que la entidad
adjudicataria debía asumir los gastos derivados de la atención a los menores,
gastos de farmacia, escolares, de vestimenta, etc. (algo que hasta ahora asumía
directamente el Gobierno de Aragón). El Gobierno de Aragón dice haber dotado
suficientemente el precio de licitación para que la nueva entidad gestora cubra
estos gastos sin problemas. Educadores en lucha sabe, al igual que lo saben
ustedes, que esto es mentira. También sabemos que en otros recursos en los que
se ha instalado ya este modelo se han empezado a recortar actividades de los
menores.
¿Se compromete su entidad a sufragar todos y cada uno
de los gastos derivados de la atención a estos menores aunque esto suponga un
balance financiero negativo en la gestión de su entidad en este recurso
concreto y a que el único criterio para decidir si un gasto se debe hacer o no
sea el educativo?
3.
La memoria
económica con la que el Gobierno de Aragón justifica el precio de licitación es
incorrecta, porque no responde a la realidad laboral de la plantilla actual del
COA que su entidad tiene la obligación de subrogar según el art. 35 del
convenio del sector. Entendemos que la plantilla que presta sus servicios en
cualquier servicio público no tiene por qué colaborar con su salario al
sostenimiento de dicho servicio (porque ya lo hacemos con nuestros impuestos y
con nuestro trabajo) ni al de la entidad que asuma gestionarlo. Educadores en
lucha también entiende que la posibilidad de que en el mismo centro convivan
trabajadores subrogados con condiciones laborales más beneficiosas con nuevas
contrataciones con peores condiciones laborales es inaceptable desde el punto
de vista sindical, laboral y social, además de negativo para la cohesión de un
equipo educativo y absolutamente antieducativo si se pretende educar en valores
de solidaridad e igualdad.
¿Se
compromete su entidad a respetar el actual convenio de empresa que regula las
condiciones laborales de la plantilla del COA en todos sus puntos y se
compromete a aplicarlo igualmente a cualquier nuevo contratado?
4.
El pliego de
condiciones del concurso desierto también adjudicaba nuevas funciones a la
plantilla de educadores, así como aumentaba los días que esa plantilla debía
asumir en caso de hospitalización de un menor, sin embargo no aumenta la
plantilla actual para poder asumir estas tareas sin perder personal de atención
directa al grupo de menores. Por el contrario, ese pliego eliminaba una
condición vigente en la actualidad por la que en casos de necesidad por superar
las plazas máximas para las que está preparado este centro o por perfiles de
menores con necesidades especiales, la entidad gestora tiene la posibilidad de
pedir educadores de refuerzo al Gobierno de Aragón. También se adjudicaba a la
plantilla de educadores la tarea de atender escolarmente a los menores que pese
a estar en el COA no están escolarizados.
¿Se
compromete su entidad a reforzar el equipo actual para que pueda desarrollar
estas nuevas tareas sin que los menores pierdan de hecho educadores de atención
directa? ¿Se compromete igualmente a reforzar el equipo educativo en caso de
que se superen las plazas o de que técnicamente sea necesario?
Les
recordamos a ustedes, así como a Dña. Luisa Fernanda Rudi, Presidenta del
Gobierno de Aragón, firmante del decreto que regula nuestros servicios mínimos,
y responsable política final del despropósito en el que se viene convirtiendo
el concurso del COA, que los cuatro puntos detallados en esta carta se
consideran básicos para garantizar la atención de los niños y niñas atendidos
en el COA. Cuatro puntos que el Gobierno de Aragón debería exigir a cualquier
entidad que aspire a gestionar este centro. De incumplirse cualquiera de ellos,
Educadores en lucha manifiesta su firme y decidida intención de utilizar todos
los medios legales a su alcance para que los niños y niñas que el Gobierno de
Aragón debería proteger no sean maltratados ni desatendidos en ninguna forma
durante su estancia en la institución pública en la que trabajamos con orgullo
y responsabilidad, y a hacerlo aunque esto pueda suponer poner en peligro
nuestros puestos de trabajo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario