La legalidad y la justicia

Soy uno de los educadores del COA, uno de esos que llevan casi 11 meses en huelga indefinida cumpliendo con unos servicios mínimos del 100%. Soy miembro de ese colectivo de educadores que ha recibido el nombre de Educadores en Lucha. ES del dominio público que al conocer Educadores en Lucha la adjudicación del COA solicitamos al Gobierno de Aragón que emitiera una declaración de lesividad del interés público respecto a este contrato administrativo en virtud de la cual se declarara la nulidad de la adjudicación del COA y se iniciara un nuevo proceso en el que se incluyeran algunas de nuestras propuestas para evitar el empobrecimiento de este  servicio público. También  es del dominio público que recurrimos esta adjudicación al Tribunal Administrativo de Contratos Públicos y que el TACPA el 2 de septiembre emitía una resolución en la que no admitía a trámite gran parte de las alegaciones y desestimaba la parte restante.

Para (aparente) sorpresa de algunos, Educadores en lucha, una vez conocida la resolución del TCPA continuó exigiendo la actuación urgente del Gobierno de Aragón, reiterando la necesidad de esta declaración de lesividad, tal y como veníamos haciéndolo antes de la resolución. ¿Por qué? ¿Porque no confiamos en la justicia? ¿Porque tratamos de utilizar los estamentos judiciales en función de nuestro interés? ¿Por qué queremos empujar al Gobierno de Aragón a hacer algo ilegal? No, claro que no.

Sucede que el TACPA no valora una gran parte del recurso interpuesto por Educadores en Lucha, limitado por sus propias normas de funcionamiento. No es que esta parte de las alegaciones no estén fundamentadas o que se desestimen, es que el TACPA no puede si quiera entrar a valorarlas.

El TACPA NO puede valorar la motivación de la declaración de urgencia en el contrato del COA. NO puede valorar si se incumplió el principio de igualdad en una contratación pública. NO se puede pronunciar sobre que el pliego de este contrato establezca que en este centro “los menores no van al colegio por norma general”, siendo esto una ilegalidad flagrante, ni sobre que los educadores tengan que hacer de profesores (para lo que no estamos capacitados ni titulados ni habilitados legalmente). El TACPA NO se puede pronunciar sobre el incremento de las funciones a desempeñar por los educadores del centro sin ampliar de forma proporcional el número de educadores. NO se pronuncia sobre el incumplimiento de INTRESS de los requisitos administrativos para contratar con la administración  al no estar registrada en el Registro de Entidades, Servicios y Establecimientos de Acción Social, algo exigido en el decreto 82/1998 de 20 de junio de la DGA. El TACPA en 2014 tampoco se pronunció sobre la argumentación que educadores en lucha hacía en su primer recurso de de no se garantizaban con estos pliegos el respeto a los derechos de los menores acogidos en el COA. 

El TACPA, según sus propias palabras, tiene exclusivamente una función de control de los principios y trámites legales, pero no puede sustituir el juicio técnico de la administración ni, evidentemente, sustituir la voluntad política de la misma. ¿Es legal este contrato? SI ¿Es justo, es ético, es responsable, es técnicamente adecuado, es lo mejor que el Gobierno les puede dar a los niños y niñas necesitado de un lugar de acogida? NO. ¿Estamos pidiendo al Gobierno de Aragón que hago algo Ilegal? NO. Estamos pidiendo que llegue a tomar en consideración aquello que el TACPA no puede si quiera entrar a valorar, los argumentos arriba citados  y otros expuestos en nuestro recurso entendemos que son suficientes para que legalmente el Sr. Lambán emita una declaración de que este contrato perfectamente legal, lesiona el interés público, siendo esto un procedimiento descrito en la Ley de Contratacion de la Admnistración Pública. 

Perfectamente legal era que miles de ciudadanos fueran deshauciados hasta que algunas administraciones locales, el Ayuntamiento de  Zaragoza entre ellos, tomó por justicia la decisión de hacer las cosas de otra forma. Perfectamente legal es la LOMCE, la LeyOrgánica sobre educación que el  Sr. Lambán, por una decisión política, ha decido no aplicar (algo que, por cierto, no es estrictamente legal). 

El Sr. Lambán a lo mejor desconoce que INTRESS, la empresa que de la forma más opaca posible contrata con el gobierno de Aragón para la gestión de un servicio social básico como es el COA perdió en 2014 un centro de acogida para mujeres maltratadas en Madrid después de perder un recurso similar al que presentó Educadores en Lucha en el TACPA Madrileño. Lo perdió porque trató de reducir costes con la manutención de las mujeres víctimas de violencia de género y con reduciendo la presencia del personal que las atendía. Decía INTRESS a modo de defensa: “Se establece que el centro este abierto los 365 días del año las 24 horas del día, no que en ese tiempo esté presente todo el personal previsto en el pliego […] mientras el centro esté abierto”. Tal y como se adjudica el COA INTRESS va a perder unos 25.000 euros anuales gestionando el COA. Adivine el lector cuál será la gestión empresarial para reducir este déficit, sobre todo cuando el pliego no obliga a la empresa a mantener un personal mínimo por turno.

¿Este es el tipo de de gestión que el Gobierno del Sr. Lambán quiere hacer de los servicios públicos? ¿Este es el carácter de las empresas con las que el Gobierno de Aragón va a contratar a partir de ahora? ¿Insisto, esto es lo mejor que la administración pública (la administración de lo que es de todos) es capaz de ofrecer a los niños y niñas que necesitan ser acogidos y protegidos? A estas preguntas debe responder el Sr. Lambán.

El Gobierno de Aragón tiene la capacidad, la justificación legal y los argumentos técnicos para revocar la adjudicación del COA. Educadores en Lucha considera que es tiempo de que el Gobierno del Sr. Lambán muestre valentía y voluntad política para evitar que el único centro específico de acogida de menores de Aragón se convierta en un horfanato propio de tiempo peores. Valentía y voluntad es lo que los niños y niñas del COA  nos enseñan a las educadoras y educadores que allí trabajamos todos los días, nosotros intentamos aprender y estar a la altura. ¿Sr. Lambán (Presidente del Gobierno de Aragón), Sra. Broto (Consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales), Sr. Santos (Director Gerente del IASS) estarán ustedes a la atura de los niños y niñas del COA?

Javier Itxaso, portavoz de Educadores en Lucha