En
abril de 2014 a la entidad elegida por el Gobierno de Aragón para
gestionar el COA, Intress, le fue retirada la adjudicación de la
gestión de tres centros para mujeres víctimas de violencia de
género y sus hijos e hijas en la Comunidad de Madrid. Esta
revocación fue acordada por el Tribunal Administrativo de
Contratación Pública de la Comunidad de Madrid tras un recurso de
otra entidad concursante, asociación Provivienda.
Esta
entidad catalana es a la que el pasado 28 de julio el director del
IASS, Joaquín Santos, adjudicó con su firma la gestión del COA
hasta el 31 de diciembre de 2017 por un importe de 2.441.445€. Esta
firma fue la rúbrica de un proceso que inició el gobierno de Rudi y
aceleró tras perder las elecciones de manera opaca sin permitirnos
acceso al expediente. El pasado 1 de septiembre el Tribunal
Administrativo de Contratos Públicos de Aragón (TACPA) desestimó
el recurso de Educadores en Lucha contra esta adjudicación sin
valorar la mayor parte del mismo.
Es
ahora pues el momento de que el Gobierno de Lambán y la consejera
Broto pongan freno a una adjudicación que a nuestro juicio es un
flagrante maltrato institucional hacia los menores en protección y
una carta blanca a la precariedad laboral de los educadores. Desde
hace ya varios días hemos dado al gobierno del PSOE argumentaciones
legales suficientes para iniciar la declaración de lesividad del
interés público y anular el concurso del COA.
Pero
si el señor Lambán y la señora Broto quieren hacerse los ciegos y
sordos, aquí va un ejemplo de gestión de Intress que
afortunadamente revocó el TACP de Madrid. En este enlace se puede
ver completa la resolución de dicho tribunal:
Intress
argumentaba en su defensa que los pliegos no determinan “la
retribución que debe percibir -los trabajadores- ni el convenio a
que debe acogerse ni la jornada laboral”, también que se otorgaba
al adjudicatario “la facultad de establecer los turnos y régimen
de vacaciones que considere necesarios”. Y lo más grave, respecto
a la manutención de los usuarios finales de los centros (mujeres
maltratadas y sus hijos), ofertó calculando una media de ocupación
del 61%. Sin rubor alguno escribían: “Su precio ofertado viene
determinado por el cálculo de que no habrá plena ocupación todos
los días del año y del ahorro que obtiene en la adquisición de
productos necesarios para la alimentación”. A estas propuesta se
suman muchas más perlas como que un psicólogo compagine la labor de
coordinación.
Y
ahora la pregunta del millón: ¿Cómo puede llegar a suceder esto?
Pues fácil, explicamos muy simple como es el mercadeo de la
exclusión social. Administraciones Públicas externalizan servicios
para los colectivos en mayor riesgo de la sociedad, en nuestro caso
menores en protección. Lo hacen con unos pliegos de condiciones
laxas y abiertas, para que las entidades pujen a la baja y se lucren
económicamente a costa de deteriorar el servicio a sus usuarios y
precarizar las condiciones laborales de los trabajadores. Todo tan
legal como abyecto y denigrante.
Y
del ejemplo de los pisos de mujeres maltratadas de Madrid, recordamos
a Lambán y Broto que en la adjudicación del COA se han trasladado
por primera vez a la entidad privada los gastos básicos de los menores como sanidad,
escolarización y vestimenta; no se fija la ratio de educador por
turno; no se incluyen cláusulas sociales que impidan la
precarización de las condiciones laborales... Y para guinda el
presupuesto del concurso perpetrado por el Gobierno de Rudi tenía un
recorte presupuestario del 10% como denunció Broto siendo oposición.
¿Alguien duda de que Intress no aplicará las recetas de Madrid a
los menores de protección del COA? ¡Qué más hace falta para abrir
los ojos y poner freno definitivo a esto! Parafraseando a la
consejera Broto cuando criticaba a la anterior directora del IASS por
el concurso del COA: Si con unas mujeres maltratadas y sus hijos
son capaces de esto ¿qué no harán con otras cosas?
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