Viñeta de 'El Roto' |
A
la atención de la Consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales:
Nos
ponemos en contacto con usted para mostrar nuestra inquietud por
el futuro equipo educativo que afrontará el nuevo modelo de acogida
para los menores en protección del IASS. Somos conscientes de que
próximamente se publicará el concurso del Centro de Observación y
Acogida (COA1 y COA2) y estamos preocupados ante el desconocimiento
de qué criterios técnicos de atención a los menores se van a tener
en cuenta para subrogar a aquellos educadores que ocuparán las
plazas de compañeros y compañeras indefinidas que ya no están en
activo, ya sea por excedencia o marcha voluntaria. Tememos que esta
potestad se delegue en Intress, una entidad que no sólo ha
desmontado un equipo educativo veterano y de larga experiencia en el
COA, sino que además ha sido incapaz de crear un nuevo equipo
estable y de mínima calidad para la atención a los niños.
La
llegada de Intress al COA se produjo mediante un procedimiento
negociado sin publicidad del anterior Gobierno de Aragón. El actual
ejecutivo, del que usted forma parte, se amparó en su firma
definitiva para no cometer prevaricación. El resultado no ha podido
ser más nefasto posible para la atención de los menores del COA
durante estos dos últimos años. Además de no implantar ningún
proyecto y desmontar un equipo educativo, Intress no ha parado de
acumular numerosas irregularidades certificadas por Inspección de
Hacienda (1, 2, 3). Próximamente haremos públicas las nuevas irregularidades
cometidas por Intress, de mayor gravedad si cabe y que acumulan
numerosas actas de infracción por parte de Inspección de Trabajo.
Recordar que muchas de estas situaciones fueron informadas por los
trabajadores con la suficiente antelación a la dirección del centro
sin que mediara ninguna acción por su parte para evitarlas.
Según
rigen las condiciones de los pliegos del actual concurso, Intress ha
incumplido numerosas condiciones que deberían haber supuesto la
anulación del contrato. No habiendo tomado esta decisión el
Gobierno de Aragón, nos inquieta aún más si cabe la posibilidad de
que sea esta misma entidad privada la que hipoteque el futuro equipo
educativo que abordará el nuevo modelo de acogida. Tememos
que para completar las vacantes de los profesionales veteranos no se
van a tener en cuenta criterios técnicos de atención
a los menores con los nuevos educadores. Para demostrar esta
convicción exponemos un claro ejemplo que ya ha sucedido antes de
verano.
Un
educador nuevo, que acumulaba casi un año de experiencia y finalizó
su contrato de sustitución a finales de abril, abandonó en junio el
COA por otro recurso de protección ya que Intress no le ofrecía la
más mínima estabilidad en el equipo educativo. A dicho educador se
le ofrecieron algunos contratos de sustitución puntuales de días,
mientras otros profesionales nuevos habían obtenido contratos de
mayor duración o estabilidad. Se desconocen por completo los
criterios técnicos de Intress para tomar estas decisiones. Lo que sí
es un hecho probado es que dicho educador fue el más incómodo con
Intress al ejercer su derecho legal de reivindicar impagos de nóminas
y altas de seguridad social, siendo todas sus demandas ajustadas a
derecho como confirmó Inspección de Trabajo. Técnicamente nos
parece un flagrante error privar al equipo educativo de este
compañero sin valorar criterios educativos, más si cabe teniendo en
cuenta que entre la treintena de profesionales que están en activo
tan sólo hay ocho educadores de perfil masculino, teniendo uno
de ellos además reducción de jornada.
Tememos
que esta situación se vuelva a repetir con nuevos educadores que han
ejercido con total libertad sus derechos laborales frente a las
irregularidades de Intress. Manifestamos nuestra preocupación
porque Intress recompense otorgando plazas de subrogación a aquellos
educadores que hayan sido más dóciles para la entidad privada sin
tener en cuenta los criterios técnicos que deben primar para la
atención de los menores del COA. No olvidamos como en 2016
Intress despidió a cuatro educadores veteranos sin ningún criterio
técnico para cubrir sus vacantes con nuevos educadores más baratos
para la entidad. Tras sendas denuncias, Intress tuvo que aceptar la
readmisión de los cuatro siendo efectiva tan sólo por dos, ya que
los otros dos habían iniciado nuevos caminos profesionales.
Es
por ello que apelamos a la responsabilidad del Gobierno de Aragón
para que en el proceso de subrogación no se repita dicha situación,
de la cual los principales perjudicados van a ser los futuros niños
y niñas residentes en COA1 y COA2. Asimismo recordamos que ningún
educador nuevo es miembro de nuestro colectivo, por lo que nuestra
petición no conlleva ningún favor personal ni trato de preferencia
por parte nuestra. Una vez más, la demanda de nuestro colectivo
tiene por único objetivo la mejor atención posible a los niños y
niñas del COA, criterio que creemos debe compartir el Gobierno de
Aragón. No atender a dicha petición la consideraríamos una
auténtica irresponsabilidad, dejando de nuevo en manos de una
entidad privada el futuro equipo educativo del COA. Esperamos
respuesta a nuestra petición y confiamos en que su consejería no
vuelva a poner en riesgo de nuevo la atención a los menores del COA,
asimismo le informamos de que haremos próximamente pública dicha
demanda. Se despide atentamente
EDUCADORES
EN LUCHA
Escrito remitido por registro a la consejera Broto el 1 de septiembre de 2017
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